Ricardo Jaime está cerca de ser el primer funcionario kirchnerista en ser enviado a prisión. El primer paso lo dio la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que este jueves confirmó una condena a seis meses de cárcel para el ex secretario de Transporte por ocultar pruebas durante un allanamiento.

Se trata de un síntoma más de la embestida del fuero federal contra el Gobierno, que tiene especial preocupación porque es allí donde tramitan las causas de corrupción. Como reveló LPO, jueces, fiscales y camaristas ya comienzan a oler el cambio de época y las causas dormidas o cajoneadas empiezan a moverse.

Un claro ejemplo de esto es el grupo de jueces que logró aglutinar Rodolfo Canicoba Corral junto a María Servini de Cubría, Ariel Lijo y Claudio Bonadío. Lijo es quien tiene en sus manos la causa Ciccone y podría llamar a indagatoria a Amado Boudou. Quince días atrás, el juez se reunión con el Papa Francisco y recibió un pedido contundente: que las causas de corrupción no queden en el olvido.

Además, las cámaras federales dieron varias malas noticias al Gobierno en los últimos días. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó investigar a Cristina Kirchner por el acuerdo con Chevron. Días después, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional declaró inconstitucional el acuerdo con Irán. Lo más llamativo es que los dos jueces que firmaron el fallo siempre fueron señalados como cercanos a la Casa Rosada.

El fallo de hoy fue firmado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, quienes ratificaron una sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, que en septiembre del año pasado encontró culpable a Jaime del delito de tentativa de sustracción de pruebas durante un allanamiento.

La condena a Jaime fue la segunda a un funcionario kirchnerista. En 2012, Felisa Miceli fue condenada a cuatro años por el caso de la bolsa en su despacho. Pero el ex secretario de Transporte está mucho más cerca de que recibir una sentencia de cumplimiento efectivo.

Jaime es investigado en más veinte casos de corrupción y si bien la condena confirmada hoy está en suspenso, si es sentenciado nuevamente podría hacerse efectiva. El año pasado, el juez Bonadío ya había ordenado su captura en causa por sobreprecios pero finalmente a Jaime lo salvó la Cámara Federal.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal es la misma que el viernes pasado consideró inadmisible un pedido de sobreseimiento de Boudou y lo dejó al borde de la declaración indagatoria.

Se trata de una serie de resoluciones que no hace más que mostrar el cambio de época en el fuero penal, donde el kirchnerismo a las claras ha perdido el control. No solo porque jueces, fiscales y camaristas huelen el final del ciclo sino también porque el Gobierno ya no los controla a través de los históricos operadores de Tribunales.

Con la avanzada de La Cámpora sobre el Ministerio de Justicia, Carlos Zannini y Julián Álvarez decidieron también correr a los experimentados operadores que trabajaban para el kirchnerismo y puso en su lugar a jóvenes inexpertos como Franco Picardi, Juan Martín Mena y Ernesto Kreplak. Sus fracasos están a la vista de todos.